Antecedentes

HAC & BÉRTOLO

El impacto que la pandemia de COVID-19 tendrá en la economía mundial se prevé de una extrema dureza.

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía global se contraerá un 3% en 2020 y la española en un 8%, en un contexto de máxima incertidumbre que en buena parte dependerá de como cada país supere la epidemia. Las lesiones sufridas por las personas afectadas, su proceso de curación, la incapacidad y las eventuales secuelas de muchos de los recuperados están produciendo y pueden producir –consideraciones personales y humanitarias aparte – un desorbitado coste para el Estado.

Las pérdidas económicas para todo nuestro entramado empresarial (autónomos, empresas, profesiones liberales, etc) serán previsiblemente enormes y con un impacto directo en la destrucción de empleo y perdida de tejido empresarial. El impacto indirecto en nuestras libertades y derechos constitucionales básicos (educación – miles de niños y jóvenes sin asistir al colegio o universidad – libertades públicas: reunión, desplazamiento, etc) es también de una envergadura y trascendencia que aún está por cuantificar.


La cuestionable actitud del gobierno y sus instancias al gestionar esta crisis, su lentitud en reaccionar cuando la gravedad de la emergencia era conocida, entre otros, a través del informe del CSIC de enero 2020, la desatención de las claras recomendaciones del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Europea de 2 de marzo de 2020 sobre promoción en escenario 1 de medidas de distanciamiento social y evitación de aglomeraciones, la inobservancia del Plan Nacional de Preparación y respuesta ante la pandemia en Gripe aprobado bajo el mandato del Presidente Rodríguez Zapatero, del Plan de Medidas del Subcomité de Respuesta a la Emergencia, de junio de 2006 (Anexo II) y delas bases para un Plan de Prevención de Pandemias en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional, la demora en la declaración del Estado de Alarma a pesar de la declaración de Pandemia por parte de la OMS, la animación a la población para acudir a la manifestación del 8M manteniendo con ello la celebración de eventos deportivos y culturales con elevadísimo número de asistentes con estrecho contacto físico, las inadecuadas medidas adoptadas en la declaración del Estado de Alarma, y durante las prórrogas (desabastecimiento de equipos básicos de protección, descoordinación territorial, compras defectuosas a proveedores extranjeros, etc) y su irresponsabilidad al rendir cuentas (ruedas de prensa teledirigidas, violaciones reiteradas y flagrantes de la cuarentena por miembros del equipo de gobierno, etc) justifica un movimiento cívico – impulsado desde la sociedad civil que es la principal víctima de esta catástrofe – que reclame responsabilidades.