¿Por qué es necesaria una reclamación patrimonial al Estado?

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Los hitos de una reclamación patrimonial contra el Estado y/o, Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, con motivo de las decisiones adoptadas y su incidencia en la esfera personal de los ciudadanos y económica y patrimonial de los ciudadanos y las empresas, se puede instrumentar mediante una reclamación conjunta a través de nuestra PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA EL COVID-19. Nuestra plataforma arbitrará una reclamación patrimonial en vía administrativa en el plazo de un año desde la causación de los daños y estabilización de los perjuicios ocasionados. La decisión que adoptase la administración (expresa o presunta) sería recurrible en vía contencioso administrativa en el plazo de dos meses, en el caso de desestimación expresa, o de seis meses, en caso de desestimación presunta.
La reclamación patrimonial requiere determinar claramente el nexo causal (acción u omisión de la administración causante de un daño que el administrado no tenga la obligación de soportar) y la acreditación individualizada de los daños causados.

La reclamación a través de una plataforma supone un esfuerzo común, un abaratamiento de costes y una misma línea estratégica por cada grupo de reclamantes que puede asegurar con mucha más garantía el resultado. Nuestra reclamación patrimonial se centrará principalmente en estos tres grupos de afectados:

  • Autónomos: merma económica, lucro cesante, etc
  • Pymes: bajas laborales, ERTES, despidos, rotura de stock, pérdida de cuota de mercado, disminución de pedidos/consumo, etc.
  • Familiares de fallecidos o damnificados: lesiones, procesos curativos, incapacidad, imposibilidad de seguir ciertos tratamientos, secuelas


Para llevar a cabo la reclamación patrimonial, nos personaremos en las causas abiertas para asegurar su buen fin y ejercitar una demanda colectiva de responsabilidad patrimonial en defensa de los afectados contra la Administración General del Estado y, en su caso, contra aquellas Comunidades Autónomas que puedan haber coadyuvado a los daños y perjuicios causados, algunos de ellos de daños ellos irreparables, con pérdidas de miles de vidas humanas.

Y lo haremos con un objetivo: que todas las indemnizaciones económicas a las que la administración tenga que hacer frente sean repercutidas a las autoridades y personal a su servicio que con su dolo, culpa o negligencia resulten responsables.

Nos aseguraremos que de una vez por todas se aplique una de las previsiones legales que presiden nuestro régimen jurídico administrativo y que hoy recoge el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Publico para que la reparación de los daños y perjuicios derivados de la gestión de la crisis que nos asola, no recaiga una vez más sobre el erario público dejando indemnes a sus verdaderos responsables.

Como siempre, HAC del lado de los ciudadanos

HAC & BÉRTOLO ABOGADOS

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